El reciente informe de la OPS y de la OMS detalla cómo se han incrementado la difteria, el sarampión y la malaria, enfermedades que se han estado registrando en países vecinos y cuyos casos son importados de Venezuela: es otra de las consecuencias del éxodo de venezolanos que, atribulados por la debacle social generada por el régimen madurista, huyen en búsqueda de una vida mejor. Varios de los casos registrados, por cierto, provienen directamente del estado Bolívar y son, por tanto, otra de las aristas de esta crisis sin precedentes en la historia nacional.

Este 17 de abril los médicos, enfermeras y trabajadores de la salud pública de Ciudad Guayana se sumaron a la marcha nacional por el derecho a la salud, y alertaron del incremento de la mortalidad infantil y de la mortalidad por malaria, como consecuencias del colapso de todo el sistema de salud pública. Reclamaron políticas de prevención y denunciaron la escasez crítica de insumos en los hospitales, una situación que afecta a todos los estados del país, y que en Bolívar ha dejado no pocas víctimas mortales. 

La cifra reportada este martes por el ministro Luis López, en el inicio del Plan de control vectorial y lucha contra la malaria, supera a los 244mil casos de paludismo que reportaron médicos locales como acumulado de 2017, datos que alarmaban a los expertos pues superaban con creces los de 2016. Demuestran, además, el fracaso estatal enfrentando este mal que aqueja a no pocos sectores de todo el estado (rurales y urbanos) y la opacidad del ministro, pues a los medios locales se negó a responder preguntas sobre números de fallecidos.

El plan que inició la Gobernación de Bolívar para eliminar los vectores que transmiten la malaria carece de sustento técnico. Expertos venezolanos y órganos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirman que la deltametrina es un insecticida de persistencia y toxicidad moderada que causa un daño ecológico importante, e incluso genera resistencia en el mosquito Anopheles, transmisor del paludismo.

Especialistas de Ciudad Bolívar y Ciudad Guayana alertaron que en 2018 continúa el ritmo exponencial de los contagios de malaria en el estado Bolívar, con ocho muertes solo en el municipio Caroní, y pidieron al Estado enfrentar el asunto con verdaderas políticas sanitarias y no con militarización.

Vecinos de varios caseríos de la parroquia Yocoima en Ciudad Guayana protestaron por la entrega incompleta de la dosis contra la malaria desde el 29 de diciembre. La falta de agua potable dificulta la higiene en los sectores rurales, que carecen de fumigaciones desde el año pasado.

Desde el 1 de enero los hospitales Uyapar en Puerto Ordaz y Guaiparo en San Félix están sin transporte institucional. Por seguridad y ante las dificultades para conseguir transporte público, la mayoría de los empleados se retiran antes de culminar el turno, quedando desatendidas algunas unidades. 

Los diputados César Ramírez, Sait Rodríguez, Arcadio Guzmán y Francisco Cardiel solicitaron una comisión especial para investigar a fondo la crisis palúdica en el estado Bolívar.

“El nivel de la epidemia requiere ayuda internacional, el gobierno lo sabe”, asegura el ex asesor de programas de malaria en Venezuela, Leopoldo Villegas, quien recomienda sincerar las cifras para evitar las fallas en el suministro de tratamientos y una mayor transmisión de la enfermedad. El malariólogo señala que Venezuela ya está cerca del umbral de los 300 mil casos sin contar ese otro 50-60% que no se cuentan en las cifras oficiales (recaídas, recrudescencias y subregistro-automedicados).

Las fumigaciones casa por casa para erradicar el mosquito y prevenir contagios disminuyeron en 2 mil por ciento en la entidad, de acuerdo con la revisión de las dos últimas memorias y cuentas publicadas por el Ministerio de Salud, correspondientes a los años 2014 y 2015. La epidemia de malaria no llegó de sorpresa y el sufrimiento de cientos de miles de familias en los ambulatorios por falta de tratamientos pudo evitarse.

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