El documento presentado por el gobierno de facto de Nicolás Maduro reconoce la precarización de las condiciones de vida de los mineros, incluyendo a las comunidades indígenas, el aumento de la criminalidad y la contaminación que afecta, inclusive, a los parques nacionales.

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Descenso productivo por mineral

Mineral de hierro: El Plan Sectorial identifica el hito histórico de producción en el 2007 con 20,31 millones de toneladas; a partir del 2008 se presenta una caída constante hasta 2017 cuando se obtienen 6,98 millones de toneladas, 65,6% menos. “Esta situación se debe principalmente al agotamiento del yacimiento del Cerro Bolívar, a la obsolescencia tecnológica en el proceso productivo y la falta de inversión para optimización del mismo”, apuntan. Para 2019, el mermado objetivo es producir 11,6 millones de toneladas, mientras que en 2025 la meta es de apenas 14 millones de toneladas, poco más de la mitad de la capacidad instalada de la estatal Ferrominera Orinoco.

Níquel: El hito histórico de producción fue en 2011 con 1,71 millones de toneladas, “sin embargo, es en ese año que la empresa extranjera que tenía la concesión, cesa el proceso de inversión y desarrollo de la mina en Lomas de Níquel, lo cual originó que desde el 2012 hasta el 2015 disminuyeran las capacidades de producción debido a la obsolescencia tecnológica y el daño estructural en las líneas de producción”. En el 2017, la producción fue nula de acuerdo con el documento. En 2019, la meta apunta a 6.916 toneladas y, en 2025, a 11.786 toneladas.

Bauxita: El régimen de Maduro atribuye la caída de 2008 a 2017 a la obsolescencia tecnológica del proceso productivo y a la falta de inversión. Al cierre de 2017, el registro de producción alcanza a 240 mil toneladas, apenas 4% de la capacidad instalada de extracción del mineral de Bauxilum de 6 millones de toneladas al año. En 2019, la meta de producción es de solo 300 mil toneladas y, en 2025, de 5 millones de toneladas.

Carbón: Tras una producción de 6,67 millones de toneladas de carbón en 2007, el retroceso ha sido progresivo hasta 2017 cuando se obtuvieron 370 mil toneladas del mineral. Una de las causas del declive, indican, es la ausencia de nuevos proyectos y el agotamiento del método de minería a cielo abierto. Para 2019, la meta de producción está proyectada en 1,4 millones de toneladas, mientras que para 2025 escala a 8,1 millones de toneladas.

De un aporte promedio de 0,79% en 2003 al producto interno bruto (PIB), la participación de la minería en la economía venezolana retrocedió a 0,28% en 2018 debido a la caída de la producción de todos los minerales respecto a la capacidad instalada de las empresas principalmente del sector público, indica el Plan Sectorial Minero 2019-2025, aprobado hace una semana por el presidente de facto, Nicolás Maduro.

El documento refleja el descenso de la producción de la mayoría de los minerales que se extraen en el país, atribuido principalmente a la obsolescencia tecnológica y la desinversión en el sector.

En el caso de la explotación aurífera, a la que el régimen de Maduro ha puesto más interés, el Plan Sectorial identifica en 2009 un hito de producción de 12,23 toneladas de oro. “Desde el año 2010 hasta el 2015 hubo una caída vertiginosa de la producción motivado a la disminución de las capacidades de la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven) y la culminación de las concesiones de exploración y subsiguiente explotación que se habían otorgado a empresas extranjeras”, justifican, en alusión a la nacionalización del oro por orden del expresidente Hugo Chávez en 2011, que provocó que las trasnacionales se retiraran del negocio minero nacional.

Posteriormente en los años 2016 y 2017, indican, hubo un repunte en la producción “motivado al proceso de articulación, organización y control de la actividad de la pequeña minería dentro del Arco Minero del Orinoco”, como se le conoce al mega proyecto extractivista creado por el gobierno de Nicolás Maduro y que ha estado caracterizado por la expansión de la minería ilegal, el aumento de las afectaciones ambientales, la criminalidad a manos de grupos armados y el acoso a las comunidades indígenas.

En una lectura global del sector minero, el documento oficial reconoce que hay “un claro descenso en los niveles de producción en todo el Sistema Nacional Minero Ecológico” por: pérdida de capacidades productivas y obsolescencia tecnológica “producto de la falta de inversión de los propios recursos generados por las empresas”; decrecimiento del sector logístico y de la infraestructura que sirve de soporte a la actividad productiva de la minería; insuficiencia de recursos financieros, fragmentación de las cadenas productivas y falta de coordinación a nivel de las empresas básicas; ausencia de planificación a largo plazo por parte de las operadoras mineras y paridad cambiaria no favorable a la competitividad comercial internacional.

El estudio admite la falta de información geológica completa de los recursos mineros existentes en el país, lo que -señalan- “dificulta la posibilidad de crecimiento del sector minero y la incorporación de empresas e inversiones privadas, debilitando también la ejecución del seguimiento y control por parte del Estado”.

Además, reconoce que en el área de la pequeña minería predomina “la precarización de las condiciones de vida” de los mineros y de las comunidades aledañas al ejercicio de esa actividad, incluyendo los pueblos indígenas, un aspecto que no es reconocido en los discursos oficiales, en los que se omite la trama de violencia y trabajo precario y contaminante de la pequeña minería de la que se sirve el Banco Central de Venezuela (BCV).

Asimismo, plasman que el sector se caracteriza “por una importante afectación al ambiente, la salud, la vivienda y el agravamiento de problemas como el aumento de la criminalidad y la existencia de microeconomías locales hiperinflacionarias”.

“En materia de seguridad, es importante mencionar el ejercicio poco organizado y con ciertos aspectos ilegales de la minería que existen en varias zonas del estado Bolívar, así mismo, las actividades de beneficio de mineral de oro y de comercialización, se caracterizan por la evasión fiscal, el contrabando de extracción de minerales, alimentos e insumos y el fortalecimiento de la especulación, la usura y la comercialización ilegal de combustibles y químicos”, apuntan, sin reconocer la complicidad del Ejecutivo en las distorsiones.

En materia ambiental, el documento oficial señala que la principal amenaza proviene del empleo de sustancias contaminantes como el mercurio y el empleo de técnicas y tecnologías obsoletas y rudimentarias, “que dañan las cuencas hidrográficas y aguas subterráneas, ocasionando también una grave contaminación de los suelos. Esta situación se ha expandido a tal nivel, que hoy día inclusive, afecta nuestros parques nacionales”.

Metas a 2025

Con este contexto a cuestas, el Plan Sectorial 2019-2025 proyecta que la participación del sector minero en el PIB total escale a 0,58% en 2025 y que el volumen de producción de minerales metálicos y no metálicos aumente 341% de 7,1 millones de toneladas a 31,6 millones de toneladas.

El plan contempla que de 500 alianzas con la pequeña minería de oro en la actualidad, el número ascienda a 2.100; mientras que los acuerdos con la mediana y gran minería suban de 10 a 20 en este periodo.

         

El plan es claro. Textualmente indica que busca establecer una ruta que permita a la minería ser “el eje propulsor del país” y “el pilar fundamental de la recuperación económica de Venezuela”, una nación cuyos ingresos se sustentan principalmente en la factura petrolera.

Por ello, la política 1 del plan es “fortalecer e incrementar la producción nacional del sector minero a su máxima capacidad instalada” y para lograrlo se plantean como macro proyectos la captación de inversiones nacionales y extranjeras; la recuperación de las empresas estatales mineras a través del fortalecimiento del modelo de gestión, la adecuación tecnológica de las líneas de producción y maquinarias; y la promoción de asociaciones nacionales y extranjeras para el desarrollo de proyectos mineros.

La proyección de producción de oro ubica la meta de 2019 en 25,40 toneladas y, en 2025, en 79,40 toneladas, de acuerdo con el Plan Minero presentado por Maduro, quien aspira que para ese año Venezuela ocupe el primer lugar del ranking mundial de reservas de oro, en el que actualmente se posiciona en el puesto 6. “Son metas prudentes, estoy seguro que cuando entremos en la etapa de aceleración de las inversiones estas metas mejorarán”, expresó.

Maduro resaltó que Venezuela alcanzó la certificación internacional de 2.236 toneladas de oro, que colocan a la nación caribeña en el puesto 6 del ranking mundial 2018 de reservas de oro, después de Sudáfrica (6.000 toneladas), Rusia (5.300 toneladas), Estados Unidos (3.000 toneladas), Perú (2.600 toneladas) e Indonesia (2.500 toneladas). “Con la certificación, Venezuela va a tener en poco tiempo la primera reserva de oro del mundo para las inversiones”, aseguró. La meta de 2025, precisó, es alcanzar reservas de 8.900 toneladas de oro.

En diamante, el Plan Sectorial proyecta una meta de 68.500 quilates al cierre de 2019 y 1,3 millones de quilates en 2025; mientras que la meta de producción de coltán alcanza a 10 mil toneladas este año y 35 mil toneladas en 2025.

En el caso del diamante, el régimen de Maduro también aspira que Venezuela encabece el ranking mundial con 1.020 millones de quilates de diamantes en reservas al 2025, por encima de las reservas de 650 millones de quilates de Sudáfrica, Rusia (150 millones), EE UU (120 millones) y Perú (90 millones).

7.754 millones de euros es la inversión prevista para concretar el plan 2019-2025, a través de alianzas con empresas nacionales e internacionales. El plan supone ingresos de 33 mil millones de euros.