Lunes, 11 Septiembre 2017 00:00

ONU exige investigación internacional a la dictadura venezolana por crímenes contra la humanidad

 
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“En esta estrategia es claro el uso de los derechos humanos como arma política con fines de dominación” “En esta estrategia es claro el uso de los derechos humanos como arma política con fines de dominación” Foto @VENCANCILLERIA

Las autoridades venezolanas podrían haber cometido gravísimos crímenes contra los derechos humanos y la humanidad al reprimir las protestas de la oposición, alertó en Ginebra el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, en Ginebra.

En un discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Zeid exigió una investigación internacional de las muertes, detenciones arbitrarias y torturas en el marco de las protestas masivas que su oficina denunció el mes pasado en un informe sobre el país sudamericano.

Ese informe sugería que de las 124 muertes que investigaba la Fiscalía General venezolana entre abril y julio, 73 estarían vinculadas a las fuerzas de seguridad y colectivos favorables al presidente, Nicolás Maduro.

“Mi investigación sugiere la posibilidad de que se hayan cometido crímenes contra la humanidad que sólo podrían ser confirmados mediante la consecuente investigación criminal”, añadió.

Arreaza lo niega 

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El ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, presente en Ginebra, negó las acusaciones al considerar que el informe carece de fundamento y denunció que con ello se pretende minar la soberanía y la estabilidad. Al mismo tiempo exigió al alto comisionado el cese de esas agresiones contra el país.

“En esta estrategia es claro el uso de los derechos humanos como arma política con fines de dominación, donde día tras días se vierten acusaciones sin fundamento sobre la situación de los derechos humanos en mi país”, señaló Arreaza.

“Los recientes intentos de informes contra Venezuela carecen de rigor metodológico, son infundados, inducidos y direccionados para perturbar la soberanía, la paz y la estabilidad de nuestro pueblo”, continuó.

El canciller añadió que los informes de Zeid no cuentan con el mandato de los Estados miembros y además están “plagados de mentiras, con datos incomprobables, sin argumentos y tergiversados y son ofensivos contra nuestro país”.

Asimismo, replicó que la mayoría de las víctimas en las protestas son atribuibles a la “acción de grupos violentos antigubernamentales”, al tiempo que reconoció que sólo un 16 por ciento de los casos es atribuible a las fuerzas de seguridad.

Las mismas excusas 

La violencia en las manifestaciones contra el Gobierno partió de los opositores, cercanos a Estados Unidos, alegó Arreaza. Con un bloqueo económico y una manipulación del precio del crudo se está intentando frenar el desarrollo de Venezuela, expresó.

En Caracas, la titular de la fraudulenta asamblea constituyente, Delcy Rodríguez, apoyó los argumentos del canciller venezolano. “Cinismo del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU rompe todos los esquemas morales y éticos y avala violencia de la derecha venezolana contra el pueblo”, dijo a través de Twitter.

“Alto comisionado construye (un) falso positivo contra Venezuela para justificar intervención imperial. Nuestro país da lecciones en modelo de derechos humanos”, aseveró.

Zeid afirmó ante los diplomáticos que deberían pensar en la “necesidad de excluir del organismo a países implicados en las más atroces violaciones de derechos humanos”. Venezuela forma parte actualmente de los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que tiene su sede en la ciudad suiza. Los miembros son elegidos durante tres años.

EE UU se restea 

La embajadora estadounidense en la ONU, Nikki Haley, criticó la semana pasada la prevista comparecencia de Arreaza en el organismo, la cual consideró una burla a la institución.

Venezuela está inmersa en una grave crisis política desde que a finales de marzo Maduro intentara a través del Tribunal Supremo de Justicia restar y limitar funciones al Parlamento controlado por la oposición.

Le siguieron nuevas medidas que tuvieron su punto álgido con la elección el pasado 30 de julio de una polémica asamblea constituyente, dominada totalmente por el oficialismo y que por decreto reemplazó a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición. Las medidas del gobierno desataron una oleada de protestas en el país. 

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