Viernes, 18 Mayo 2018 00:00

La historia detrás de las sanciones por lavado de dinero de Cabello en las empresas básicas de Guayana

 
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Diosdado Cabello, Francisco Rangel Gómez, Vladimir Padrino López y Justo Noguera Pietri en rueda de prensa desde Macagua, Ciudad Guayana, en agosto de 2014 Diosdado Cabello, Francisco Rangel Gómez, Vladimir Padrino López y Justo Noguera Pietri en rueda de prensa desde Macagua, Ciudad Guayana, en agosto de 2014 Foto William Urdaneta

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El Gobierno de los Estados Unidos incluyó en la lista de sancionados a Diosdado Cabello, número dos del chavismo en Venezuela, su hermano, José David Cabello, su esposa Marlenys Contreras, y Rafael Sarria Díaz, señalado de testaferro, por lavado de dinero a través de las empresas básicas de Guayana.

Venalum, Ferrominera Orinoco y Alunasa son las empresas que, según la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC), usó Cabello en asociación con el exgobernador del estado Bolívar Francisco Rangel Gómez  para blanquear capital proveniente de las actividades de narcotráfico y malversación de fondos estatales.

La corrupción en Guayana ha sido una de las claves medulares de la composición geopolítica al sur de Venezuela por lo valioso que representa el control de los puertos con conexión al mar Caribe, la exportación e importación de materias primas, así como el uso del canal del Orinoco para el transporte de materiales estratégicos.

Las sanciones a la familia Cabello suma un nuevo eslabón en la cadena de corrupción de Guayana, cuyos casos han sido denunciados sin que hasta ahora hubiese aparecido comprometido el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela.

“Cabello y sus asociados tenían líderes dentro de la empresa que facilitaban la extracción ilegal y la exportación de hierro. A diciembre de 2016, las autoridades venezolanas habían utilizado las empresas estatales, Venalum y Alunasa, para lavar dinero. Venalum utilizó embarcaciones para mover minerales y lavar dinero a través de Panamá en la sucursal costarricense de Alunasa. Cabello ordenó al Ejército venezolano colocar a varios empleados de Alunasa en Costa Rica para supervisar la operación. Además, Cabello blanqueó dinero a través de Venalum en Rusia”, reseña la nota de prensa.

Tráfico de mineral

 

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El tráfico de mineral de hierro en Ferrominera Orinoco

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La investigación periodística detrás de la sentencia contra Correo del Caroní

 

Las últimas investigaciones oficiales sobre el tráfico de mineral de hierro ocurrieron en 2013, cuando Nicolás Maduro denuncia la existencia de una mafia alrededor de las operaciones de la estatal Ferrominera Orinoco (FMO), única empresa autorizada para explotar y exportar el mineral al sur del país.

Las averiguaciones llevaron a la destitución y encarcelamiento del presidente de la fábrica, Radwan Sabbagh, al menos 10 gerentes y  empresarios. También fue detenido el coronel Juan Álvarez Dionisi encargado de las pesquisas por parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCM) pero que, al cabo de unos años, se convirtió en extorsionador de los investigados.

La red implicaba la participación de empresas intermediarias de maletín, registradas en Panamá y Florida, a quienes se les comisionaba la venta de mineral de hierro por debajo del precio del mercado a cambio de comisiones, así como el tráfico en cantidades no declaradas en las arcas de la estatal.

La consecuencia fue su quiebra en 2013, así como el aumento de sus compromisos con empresas que habían monopolizado casi todas las operaciones de la fábrica, en contraprestación por las deudas de la estatal con esas compañías. Un caso emblemático es el de CME Minerales y Tyron Serrao, cuyo litigio permanece en tribunales internacionales.

Aunque el Gobierno emprendió acciones judiciales, el proceso no fue transparente ni amplio. Sectores del Ejecutivo, específicamente de la Guardia Nacional y el Ejército, utilizaron el caso para desplazar del negocio a piezas claves y reposicionarse en las gerencias de comercialización y puertos de las empresas reductoras del aluminio, así como procesadoras y exportadoras de hierro y acero como Sidor y Ferrominera Orinoco.

Control de puertos

Desde 2013 el control económico de las empresas básicas ha estado, mayoritariamente, en manos de la Fuerza Armada Nacional, como todo el país. En menor medida, un sector político-sindical (la Fuerza Bolivariana de Trabajadores) vinculado a Rangel Gómez, Wills Rangel (presidente de la Central Bolivariana) y a Nicolás Maduro ha tenido la tutela de las empresas.

La salida del general Francisco Rangel Gómez de escena, sin embargo, trajo la sucesión de un nuevo bloque político a cargo del excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Justo Noguera. Se trata de un nuevo círculo de poder que ya había comenzado su incursión en la zona cuando todas las operaciones del Ejecutivo estaban encaminadas a sacar del poder al general Rangel.

Entre 2008 y 2012 varios procedimientos, por ejemplo, se ejecutaron en el muelle de Ferrominera sin que ninguna figura de poder saliera trastocada, entre ellos el tráfico de 2 mil toneladas de aluminio, y el hallazgo de dos cargamentos de cocaína, uno de ellos de 5 toneladas en el Puerto de Palúa administrado por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

Las investigaciones del tráfico de droga por el puerto estatal jamás fueron demasiado ventiladas, pero fue uno de los elementos que utilizó el coronel Dionisi, conocido como El Tiburón, para extorsionar al economista presidente de Ferrominera y a empresarios vinculados a Rangel Gómez, como Yamal Mustafá, para presionar la transferencia de al menos 10 millones de dólares a cuentas en el exterior.

Militares en el poder

Actualmente el hermano del comandante del Ejército Jesús Rafael Suárez Chourio, el ingeniero Isaías Chourio, es el presidente de Ferrominera.  Antes, Chourio fue presidente de Venalum y directivo de Alcasa.

Desde 2017, el titular de Venalum es el general Edgardo Zuleta Rausseo. Se trata de un militar del entorno de Justo Noguera que llegó a Guayana en 2014, después de ejercer funciones como comandante del cuartel general de la Guardia Nacional Bolivariana.

En Alunasa el presidente es el general Noel Rafael Martínez Rivero, apodado Guasipati, designado en marzo de 2015 para asumir las riendas de la transformadora estatal en Costa Rica; y en la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), la mayor acería venezolana, el presidente continúa siendo Justo Noguera, quien ahora comparte funciones como gobernador del estado Bolívar.

Dadas las dimensiones de lo estratégico que representa la entidad, mucho más ahora con la explotación masiva e inconstitucional del proyecto Arco Minero, muchos consideran que el fraude electoral en las últimas elecciones fue una jugada arriesgada pero clave para el Gobierno.

Andrés Velásquez, el candidato de oposición que introdujo pruebas del fraude en el CNE y que alega su triunfo, ha sido un férreo denunciante de la corrupción en Guayana y específicamente del gobierno del general Rangel Gómez y su entorno. Una posición que, contradictoriamente, no han ejercido otras figuras de disidencia en la región.

Tráfico de aluminio

Una de sus denuncias interpuestas en Fiscalía tiene que ver, precisamente, con la triangulación en la venta de aluminio de Alcasa y Venalum, así como de las operaciones del primer eslabón de la cadena: Bauxilum.

En 2013 una investigación periodística emprendida por Correo del Caroní, El Universal y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) demostró cómo la transnacional Glencore monopolizaba toda la actividad de compra y venta de aluminio a través de terceros.

Las ventas a futuro, una figura comercial utilizada para la colocación de productos en el mercado, fueron utilizadas por las empresas del aluminio para obtener divisas frescas en un contexto de desinversión y baja producción debido al ineficiente manejo gerencial.

Los recursos de esas ventas a futuro fueron depositados en el banco ruso Gazprombank, de acuerdo a los contratos filtrados en ese entonces y que ahora, según el documento de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC), fueron utilizados para blanquear capitales. Al menos, se conoció de 500 millones de dólares transferidos a ese destino de manera ilegal y sin retorno a las operaciones de la fábrica.

 

ComillasAMARILLASCabello y sus asociados tenían líderes dentro de la empresa que facilitaban la extracción ilegal y la exportación de hierro. A diciembre de 2016, las autoridades venezolanas habían utilizado las empresas estatales, Venalum y Alunasa, para lavar dinero. Venalum utilizó embarcaciones para mover minerales y lavar dinero a través de Panamá en la sucursal costarricense de Alunasa”.

 

Luego de aquella publicación, Glencore y sus socios -al menos de manera pública- fueron desplazados por intermediarios de la transnacional china Chalieco (Aluminum International Engineering Corporation Limited) afiliada a la Corporación de Aluminio de China llamada Chinalco. 

A esta empresa se le encargaron la remodelación y adecuación de las operaciones en Venalum y Alcasa, sin que sus contratos hayan podido ser auditados, así como tampoco la forma de pago de al menos 490 millones de dólares.

Una materia pendiente, sin embargo, es la auditoría y transparencia en la cartera de clientes de Venalum y Alcasa a quienes se les vendió aluminio a dólar preferencial (4.30 bolívares por dólar) para su transformación y comercialización en el país, así como también la auditoría en la importación de aluminio tutelada por Alcasa para cumplir con supuestos compromisos nacionales.

Una vieja denuncia jamás concretada por el propio Hugo Chávez era la referencia a la existencia de una mafia del aluminio que traficaba el metal sacándola por los puertos nacionales pagando coimas en diversas alcabalas, para luego hacerse de los dólares en el mercado internacional y luego venderlos en el mercado negro venezolano.

Actualmente, y debido a la ruina de las operaciones de Bauxilum, Alcasa y Venalum, es frecuente la importación de materias primas existentes en la región como la bauxita, así como de otras materias primas indispensables para la producción como el coque de alquitrán, la soda cáustica y la propia alúmina, sin que sea posible cotejar los contratos de la cantidades pagadas con las cantidades llegadas a puerta, así como tampoco el precio de licitación.

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