Uniformados dijeron que el procedimiento era “legal”, según testigos del allanamiento, pero no mostraron orden judicial. Hasta el mediodía de este miércoles, el trabajador Geovanny Zambrano no había sido liberado tras 24 horas de detención arbitraria.

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Carta de jubilación adelantada de Geovanny Zambrano | Foto cortesía

El trabajador de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) Geovanny Zambrano ha sido detenido en dos oportunidades entre el 11 y el 12 de marzo por uniformados del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), quienes allanaron su residencia sin orden judicial en la noche del martes.

Zambrano acompañó, el 18 de febrero de 2019, a los trabajadores activos Damarys Cervantes y Juan Ramón Barrios y al jubilado José Cedeño, en unas declaraciones en torno a la crisis en la industria eléctrica. Allí empezó la persecución laboral. Dos días después, Zambrano y Barrios recibieron una jubilación forzosa; mientras que en el caso de Cervantes que asumió la vocería se presume existe una calificación de despido, de acuerdo con miembros de la Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITG).

Para Zambrano, la jubilación fue adelantada pues le faltaban algunos meses para cumplir los 25 años de servicio reglamentarios en la antigua Electrificación del Caroní (Edelca), mientras que Barrios tenía 29 años y 11 meses en la industria.

Ese día, Cervantes alertó el deterioro de la industria eléctrica en todas sus divisiones. “Nuestra infraestructura a nivel nacional está en desidia, tienen vandalismo, están abandonadas, en condiciones pésimas. Hay muchas áreas que han sido desalojadas por el vandalismo (…) Los mantenimientos en transmisión y generación se están ejecutando en un 50% porque no hay insumos para realizarlos”, explicó, al tiempo que denunció la persecución laboral y reconoció públicamente a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

El jubilado José Cedeño agregó que tanto el parque hidroeléctrico como termoeléctrico estaba por el suelo y no resiste un apagón. “Recientemente pudimos ver que hasta en un acto de Maduro en Miraflores ocurrió un apagón (…) esto nos da la idea de cómo se encuentra el parque de generación en el país, no soporta una falla por mínima que sea. Las instalaciones, las máquinas generadoras están en el suelo producto de la desinversión, de que no se le realizan los mantenimientos, los equipos están obsoletos, lo que quiere decir que en cualquier momento podemos caer en un apagón generalizado en todo el país y va a ser muy difícil la recuperación de este sistema con los equipos que contamos”, dijo.

11-03-19: primera detención

Zambrano se mantuvo en silencio y solo declaró días después para referirse a la jubilación adelantada que recibió. Eso bastó para que funcionarios del Sebin lo detuvieran el lunes 11 de marzo, en una primera oportunidad, por nueve horas, en las que insistentemente le preguntaron detalles sobre Cervantes.

Los funcionarios dijeron que el arresto se debe a investigaciones por el apagón que dejó a toda Venezuela a oscuras por 100 horas y que el gobierno atribuye a un ataque cibernético.

Personas cercanas a Zambrano cuentan que, en esa primera ocasión, recibió la llamada de un hombre que se identificó como periodista de un medio nacional. El trabajador se negó a declarar por la persecución, pero conocidos indican que finalmente accedió a hablar con él y le indicó su ubicación en Alta Vista, en Puerto Ordaz.

A ese punto, llegó -cerca de las 6:00 de la tarde- un vehículo del cual descendieron sujetos con armas largas que lo detuvieron. Zambrano fue liberado a las 3:00 de la madrugada del martes, pero allí no cerró la persecución.

12-03-19: segunda detención

El martes a las 4:00 de la tarde fue apresado nuevamente en el mismo lugar y por los mismos funcionarios que lo habían detenido 24 horas antes. A las 11:00 de la noche su casa fue allanada. Testigos cuentan que Zambrano fue trasladado para que presenciara el allanamiento de su residencia, de la que los funcionarios se llevaron documentos de trabajo. En el procedimiento hubo dos testigos.

Zambrano es administrador y su último cargo en Corpoelec fue en la División de Adecuación y Mejoras.

Organizaciones no gubernamentales como Provea han reclamado su liberación inmediata y han exigido que no haya represalias contra familiares y trabajadores por denunciar su desaparición. Asimismo, han alertado que la desaparición forzada “es una estrategia dirigida a generar terror en las víctimas, extendiendo esta sensación a su círculo de familiares y amigos”.

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