Denuncian detrimento de los beneficios establecidos en el contrato colectivo, “fatídicas” condiciones de trabajo y que la estatal está a las puertas de un cierre técnico.

El comité ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera) en Ciudad Piar exigió a través de un comunicado la liberación inmediata del secretario general de la organización sindical, Rubén González, así como del secretario de reclamo Adul Hurtado y el trabajador Rodney Álvarez, quien lleva más de 8 años preso.

González fue detenido en la madrugada del 29 de noviembre de 2018 y se le acusa de los delitos de ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a las Fuerzas Armadas, tras un conflicto de agosto de 2018 en Ciudad Piar, luego de una protesta laboral. Aunque la Fiscalía lo acusa de atacar a los uniformados, familiares y trabajadores han denunciado que fueron los guardias los que rompieron paredes y agredieron a familiares en una incursión violenta en su residencia.

Junto a delegados y trabajadores, el comité ejecutivo denunció la persecución y amedrentamiento contra el resto de la dirigencia de Sintraferrominera, “con órdenes de despido y de captura a delegados sindicales”, lo que -señalan- ha generado que los trabajadores se encuentren “en situación de indefensión y desamparo, algo que se puede palpar tanto en Ciudad Piar como en Puerto Ordaz”.

“Quienes hoy dirigen a Ferrominera Orinoco se empeñan en desconocer el derecho que nos confiere nuestra convención colectiva, la Ley del Trabajo y la misma constitución en representar y canalizar soluciones a las diferentes problemáticas del trabajador en su día a día y, en ese mismo sentido, violan descaradamente todo lo establecido en la ley, nuestros beneficios históricos, conquistados con mucho esfuerzo como el comisariato, la clínica, los juguetes decembrinos de nuestros hijos, nuestras escuelas, prestaciones sociales, caja de ahorros, adelantos de quincena, dotación de uniformes, equipos de seguridad personal, transportes dignos, etc.”, destacaron.

Reiteraron que la empresa no ha aclarado los conceptos bajo los cuales se realizan los cálculos salariales ni contribuye a minimizar “el detrimento de los beneficios contractuales y las fatídicas condiciones en los sitios de trabajo donde han hecho común que los compañeros laboren sin agua potable, baños inservibles, instalaciones destruidas, sin luz, con transporte en paupérrimas condiciones, vías de acceso en deplorable estado, sin primeros auxilios y sin ambulancias”.

La directiva de la empresa, denuncian, tampoco explica por qué la estatal está “a las puertas de un cierre técnico”, mientras se entrega el control de ciertas áreas a empresas chinas, cuyos nombres y alcance de acción no ha sido precisado.

“A lo que sí le han puesto empeño es en apadrinar al paralelismo sindical, hecho que hemos rechazado de plano. No consentiremos jamás que personas totalmente ajenas a la verdadera representación sindical y que no han sido elegidos por nadie asuman puestos sindicales”, puntualizaron.