El trabajador Dewel Hernández señaló que la estatal obliga a los empleados a cumplir con su jornada de trabajo, sin garantías de transporte, implementos y uniformes, a cambio de cajas de comida.

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La violación del contrato colectivo y la eliminación del tabulador salarial son algunas de las denuncias que precedieron la detención del secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), Rubén González, en noviembre de 2018. No obstante, el trabajador de la estatal, Dewel Hernández, aseguró que la violación de los beneficios contractuales se ha acentuado tras la imposición de un sindicato paralelo denominado Sindicato Bolivariano de Trabajadores y Trabajadoras de Ferrominera Orinoco (Sinboltrafe) que, aseguran, no responde a los intereses del personal.

“Le dieron un golpe de Estado a nuestra convención colectiva eliminando nuestro tabulador, nuestra tabla salarial y hoja de cálculo y absolutamente todos los demás beneficios de los que gozábamos por derecho convencional”, dijo.

El trabajador denunció que los ejecutivos de la empresa presionan al personal a cumplir asistencia, sin garantía de transporte e implementos, pues de lo contrario no recibirían el beneficio de la caja de alimentos subsidiados por la administración de Nicolás Maduro. “Obligan a los trabajadores a cumplir jornadas de tarde, de amanecer y fines de semana sin que se les pague como manda nuestra convención colectiva, no entregan listín de pagos ni reflejan cuánto gana un trabajador en la constancia de trabajo, ni mucho menos explican bajo qué sistema de cálculo realizan el pago de semanas, quincenas y mensualidades”, señaló.

El secretario general de Sintraferrominera, Rubén González, cumplió 11 meses detenido en el ala de procesados militares del centro penitenciario La Pica, en el estado Monagas, el miércoles 30 de octubre, tras ser sometido a un procedimiento judicial ante tribunales militares. Además de él, cumple arresto domiciliario el secretario de reclamos de Sintraferrominera, Adul Hurtado, y se emitieron órdenes de captura -de acuerdo con la defensa de González- contra los dirigentes sindicales Orangel Herrera y Alberto Pérez, así como suspensiones y calificaciones de despido contra más de una decena de trabajadores y activistas sindicales.

“Este régimen comunista a través del abuso constante de poder solo ha demostrado el miedo, el pánico y el terror que le tiene al verdadero liderazgo sindical y ha usado su supuesta autoridad para amedrentar, perseguir y encarcelar a la representación sindical porque simplemente le teme”, resaltó Hernández.

Estas acciones, dijo, fueron parte de la estrategia para “desaparecer y desarticular” a Sintraferrominera, dejar en “estado de indefensión” al personal “y tratar de imponer un cobarde paralelismo sindical a través de fracasados personeros serviles de este régimen”.

Pese a la desarticulación sindical, en un contexto de persecución y derrumbe productivo, el dirigente sostuvo que seguirán exigiendo justicia y luchando por el rescate pleno de los beneficios contractuales, “así como seguir elevando ante todas las instancias nacionales e internacionales los atropellos de estos esquiroles y sus colaboradores que no merecen portar una ficha que los identifique como parte de nuestra gran Ferrominera Orinoco”, puntualizó.

El arresto de Rubén González, así como de nueve trabajadores de la estatal en 2018, forma parte de los 21 casos de Guayana plasmados en el informe del Comité de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que la organización constata las violaciones a la libertad sindical por el régimen de Maduro. En el caso de González, la instancia considera que existen indicios serios de que el encarcelamiento y enjuiciamiento del dirigente sindical “estuvo efectivamente dirigido a inhibir su capacidad de acción sindical inmediata y a servir de ejemplo disuasorio de la actividad sindical de los afiliados a su sindicato”.

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