Después de días solicitando atención médica, el dirigente sindical sufrió una crisis hipertensiva. Su estado de salud se agrava también por las condiciones de insalubridad en la cárcel La Pica.

El estado de salud del secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera), Rubén González, reafirma la crisis penitenciaria de las cárceles y comisarías en Venezuela, y sus condiciones de salubridad. Además, es una evidencia de la violación al derecho a la salud al negársele atención médica.

El jueves 28 de noviembre, justo un día antes de cumplir un año preso en la cárcel La Pica, en Monagas, González fue trasladado de emergencia a un módulo de salud cercano tras sufrir una crisis hipertensiva.

“Ayer (jueves) trasladaron a mi papá a un centro de salud cercano por un crisis hipertensiva, lo regresaron a la cárcel La Pica, pero no le pudieron controlar la tensión”, dijo Yarudid González, hija del dirigente sindical.

Fueron varios días solicitando atención médica. El lunes hicieron la solicitud formal. El tribunal pidió tomarse 24 horas para dar una respuesta que no llegó, hizo caso omiso, denunció Yarudid.

Se refirió también a la falta de agua potable en el sitio de reclusión. Aseguró que el agua que llega por tubería está contaminada, lo que complica la afección renal de la que padece Rubén González desde hace por lo menos 10 años.

“Semanalmente tenemos que llevarle el agua potable y cuando se le acaba tiene que hacer un proceso con el agua que llega por tubería porque es totalmente contaminada, es un agua llena de barro”, denunció.

Parientes de Rubén González insisten en que sea trasladado a una clínica donde reciba atención especializada.

Yarudid González, en compañía de la Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITG), manifestó a ferromineros a no dejar de luchar por la libertad del secretario general de Sintraferrominera. Señaló también que se ha notado su ausencia ante pagos de beneficios que no ha sido tangibles para los empleados.

“Hemos conformado una dirigencia sindical legal que es la que ha estado al frente de la defensa de sus derechos y contrato colectivo (...) Hoy supuestamente se hizo el pago de utilidades y los trabajadores desconocen qué cantidad se les está pagando. Reclamamos el pago justo de sus salarios, correspondiente a su tabla salarial secuestrada por el gobierno”, agregó.

Rubén González, juzgado por un tribunal militar, fue condenado a cinco años y nueve meses de prisión, por los delitos de ultraje a la Fuerza Armada, ultraje al centinela y ataque al centinela, este último desestimado.

Template by JoomlaShine