Al menos cinco trabajadores del Banco de Venezuela del Orinokia Mall fueron detenidos después de una inspección de Sudeban. Empleados denunciaron procedimiento indebido y desmienten que los documentos utilizados como evidencias sean realmente una prueba de algún delito.
El pasado 13 de agosto, familiares del secretario general de Sintraferrominera, Rubén González, y trabajadores, denunciaron su desaparición, luego de una asamblea en el portón San Isidro en Ciudad Piar, donde reclamaban beneficios contractuales. Su vivienda fue allanada, y él y otros dirigentes no aparecieron hasta hoy cuando denuncian el paralelismo sindical.
La investigación de alto nivel se refiere a la queja presentada por 33 empleados por ataques, acoso, agresiones y una campaña de desprestigio contra Fedecámaras.
La hija del secretario general de Sintraferrominera y demás miembros de la organización sostienen que el dirigente está desaparecido, y denuncian que su caso y la militarización de la planta en Ciudad Piar tenían como segunda intención discutir el contrato colectivo de Ferrominera Orinoco con Sinboltrafe, organización paralela e ilegítima. Dirigentes de Sidor recordaron que algo similar ocurrió en la siderúrgica: desconocimiento del sindicato e imposición de la convención. El caso FMO es una prueba más de la política antiobrera del régimen que, vaya paradojas, se autoproclama gobierno obrero.
“Hemos ido a preguntar al comando de la Guardia Nacional en Ciudad Piar y no saben nada (…) Los hacemos responsables de la vida de mi papá y mi esposo”, expresó Yarudid González, hija del dirigente sindical y miembro de la organización, Rubén González. La persecución de la Guardia Nacional comenzó el lunes, durante una protesta en la que los ferromineros exigían dotación de uniformes y de equipos de seguridad, entre otros beneficios menoscabados en la era de la Ferrominera controlada por el chavismo y, por tanto, venida a menos.
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