Martes, 22 Agosto 2017 00:00

Acceso a la Justicia reitera exigencia de una Ley Orgánica de Transparencia para combatir corrupción e impunidad

 
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El Estado vulnera el derecho constitucional a la información pública en casos como, por ejemplo, las licitaciones y manejo de recursos para la compra de alimentos El Estado vulnera el derecho constitucional a la información pública en casos como, por ejemplo, las licitaciones y manejo de recursos para la compra de alimentos Foto Minci
 

¿Cómo afecta al venezolano?

Acceso a la Justicia agrega en el informe que:

“Las leyes no solo son para que los ciudadanos cumplan sus deberes para con el Estado y la sociedad, garantizan la convivencia, evitan la anarquía y, además, protegen contra los abusos de poder.

El derecho a la información pública está consagrado en el artículo 28 de la Carta Magna, pero sin una ley que permita ejercerlo a cabalidad se coloca al ciudadano en un estado de indefensión frente a las instituciones públicas que creen no estar obligadas a proporcionar información sobre el trabajo que realizan ni a rendir cuentas.

Por lo tanto, la contraloría social para combatir la corrupción se hace cuesta arriba y el ambiente de impunidad prevalece, amparado en la opacidad informativa”.barra ama370

 

La asociación civil Acceso a la Justicia reclama a las instituciones del Estado el derecho de acceso a la información pública consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y señala de urgente la aprobación de la Ley Orgánica de Transparencia.

En un informe publicado este mes, la asociación explica que el acceso a la información es necesario por ser “un mecanismo fundamental para la definición de una nueva relación de los ciudadanos frente al poder del Estado, donde destaque la prominencia del derecho a saber, y sin discrecionalidad para los funcionarios”.

La primera discusión de la Ley Orgánica de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública tuvo lugar el 3 de marzo de 2016, en la Asamblea Nacional. Pero Acceso a la Justicia alerta que el instrumento aún no pasa de la segunda discusión, para dar pie al siguiente paso de “promulgación y publicación en Gaceta Oficial” por parte del Ejecutivo.  

Sumado a eso, la asociación ve lejana la consolidación de esta ley. Más aún, como explica en su informe, con “el desacato de la AN que hace nulas todas sus decisiones”.

Por su parte, la ONG alega haber acudido al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que 11 leyes fuesen declaradas inconstitucionales en 2016, pero la exigencia no tuvo éxito, como relata el informe. Ante esto, la asociación explica la realización de un estudio que puso su lupa en la responsabilidad del Poder Judicial en la materia.

Vulneración del derecho 

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ComillasAMARILLASEn Venezuela no existe un recurso judicial que resulte sencillo, efectivo, expedito y no oneroso para acceder a la información pública”, alerta Acceso a la Justicia.

 

Analizó en el estudio 76 sentencias, que en su mayoría fueron del TSJ, lo que “arrojó que en 72 de los fallos, con un promedio de 325 días para que el alto tribunal tomara una decisión, se crearon restricciones sobrevenidas al acceso a la información pública”.

Y ante estos fallos, se denuncia un desconocimiento de la contraloría ciudadana y el control de la gestión pública.

De esta forma, el informe indica que entre los argumentos más recurrentes para negar la información entra que esta necesidad de acceso se convierte en una molestia que “recarga innecesariamente a los ocupados funcionarios”.

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Mientras que otra excusa es que el Estado simplemente se niega a suministrar datos porque no siempre “tiene que darlos”.

Como ejemplo de este bloqueo informativo, la asociación relata:

“Sobre una acción de amparo interpuesta por Espacio Público para que se dieran a conocer los ingresos del contralor general de la República, la Sala Constitucional del TSJ, mediante sentencia N° 745 del 15 de julio de 2010, dictaminó que dicha instancia debía ponderar si la remuneración del contralor, y el resto de los funcionarios, era una información de acceso público o formaba parte del derecho a la intimidad de los funcionarios y, como tal, no existía la obligación de suministrarla”.

La ONG sin fines de lucro señala que el Poder Judicial se aparta o viola lo establecido por tribunales internacionales de derechos humanos y la tendencia mundial de transparencia de la información de datos que se suponen son públicos.

“En Venezuela no existe un recurso judicial que resulte sencillo, efectivo, expedito y no oneroso para acceder a la información pública”, alerta el informe, por lo que también acota que la ley que ahora se le exige al gobierno actual debe ir acompañada de funcionarios capacitados: ve el panorama venezolano al acceso de la información de forma alarmante; de este manera señala a los intereses de los jueces de la República de “privar los derechos de los ciudadanos”.

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