El vicepresidente se apoyará en el Comité de Régimen Especial que tendrá cinco miembros, en representación de las industrias del hierro, aluminio y acero, trabajadores y CVG, todos nombrados por el nuevo titular de la Corporación Venezolana de Guayana, Pedro Maldonado.

Dirigentes de SunepCVG y SutraCVG señalan que hasta ahora no se han reunido formalmente con el nuevo titular del ente matriz, Pedro Maldonado, designado en la Gaceta Oficial N° 41.434 del 6 de julio de 2018.

Las corporaciones sectoriales habían sido creadas en 2009, arrebatando el control de las industrias de metales a la Corporación Venezolana de Guayana, que desde entonces quedó debilitada y sin el aporte económico de las industrias que le permitía sostenerse desde el punto de vista financiero.

La ONG Acceso a la Justicia denuncia que las elecciones municipales son un nuevo ataque contra los partidos políticos, ante el impedimento que hace el ente electoral para la participación de todas las organizaciones con fines políticos.

En el decreto N° 41, publicado en la Gaceta Oficial N° 41.434, se desglosan las “más amplias facultades” que tendrá el ministro Tareck El Aissami en la gestión, organización y administración de las industrias del hierro, aluminio y acero. El decreto, indica el artículo 6, tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018 y podrá ser prorrogable por un año más.

El Gobierno nacional requiere desesperadamente nuevos recursos y nuevas fuentes de ingresos. Recursos y fuentes de ingreso que le permitan mantenerse en el poder y financiar la continuidad de su proyecto. El Arco Minero del Orinoco es esta nueva fuente “lícita” de recursos e ingresos.

Persiste el descontrol en las zonas auríferas. “El Arco Minero como tal no existe. Lo que se hizo fue subirle el volumen a la anarquía minera, respaldarla, para de allí llevar oro al Banco Central de Venezuela, un oro manchado de caos y sangre”, sostuvo un trabajador minero del sur de Bolívar.

Se ha repetido hasta el cansancio que la convocatoria de elección presidencial por parte de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente constituye uno de los fraudes más dañinos a la democracia. El tema no debe fenecer, sin embargo, y por eso un grupo de profesores de Derecho Público y de organizaciones insisten en un comunicado, divulgado por Acceso a la Justicia, la necesidad de que la sociedad venezolana se una en la petición de un proceso con cuatro elementos: ajustado al tiempo, con un CNE independiente, sin ventajismo y con el compromiso de respeto a los resultados. Son voces que hacen sensatez en medio del vendaval.

La medida de adscripción de las industrias a la Vicepresidencia de la República persigue establecer un “régimen especial para el incremento inmediato de su eficiencia”. El decreto presidencial fue reimpreso y se excluyeron a Minerven y CVG Tecmin del listado de empresas traspasadas al despacho de El Aissami.

El doctor en derecho penal Alberto Arteaga Sánchez, indicó que las violaciones de ley a las que hicieron referencia son conspiración, abuso de autoridad, malversación de fondos públicos y violación de pactos y tratados internacionales.

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