Viernes, 26 Mayo 2017 00:00

Solicitan al Ministerio Público sanción penal contra magistrados del TSJ por sentencias 155 y 156

 
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Abogados piden al Ministerio Público investigue si con las sentencias 155 y 156 los magistrados del TSJ cometieron delitos de conspiración Abogados piden al Ministerio Público investigue si con las sentencias 155 y 156 los magistrados del TSJ cometieron delitos de conspiración

Por los delitos de conspiración para destruir la forma política republicana de la nación venezolana y violación de tratados internacionales, con las polémicas sentencias 155 y 156, hecho que obliga a la fiscal general a iniciar una investigación en contra de sus autores y partícipes.

 

 

Alberto Arteaga Sánchez, Carlos Simón Bello Rengifo, Fernando Fernández, Yván Figueroa Ortega, Rafael Quiñones Urbáez y Ángel Zerpa Aponte, profesores universitarios y abogados, introdujeron ante la Fiscalía General de la República una solicitud para establecer si las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dieron lugar a los delitos de conspiración y de violación de tratados internacionales suscritos por Venezuela.

En el documento dirigido a Luisa Ortega Díaz, citan que tal como ella misma afirmó públicamente, “en las sentencias 155 y 156 se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en la Constitución, lo que constituye una ruptura del orden constitucional”. Aseguran que la fiscal general de la República, como titular exclusiva del ejercicio de la acción penal y, atendiendo a sus propias declaraciones, tiene la última palabra en este caso.

Según los juristas, las sentencias constituyeron los citados delitos, debido a que causaron la ruptura del orden constitucional, lo que se traduce en la destrucción de la forma política republicana del Estado venezolano, tal como está contemplado en la Constitución; comportamiento previsto como punible en el artículo 132, encabezado del Código Penal y cuya pena es de 8 a 16 años de presidio para los responsables.

A lo anterior se debe agregar, que las sentencias quebrantan compromisos asumidos con otros países y organismos, descritos en el artículo 155, numeral 3º del Código Penal, en virtud de la violación de los principios de democracia y estado de derecho, contemplados en tratados internacionales aprobados por Venezuela.

En el caso de la Asamblea Nacional, los profesores destacan que “arrebatarle la potestad de legislar a los representantes del pueblo, es negar a los ciudadanos el derecho de participar en la función legislativa, a través de quienes eligieron como sus mandatarios, los diputados de la Asamblea Nacional”.

Explican que la función de los parlamentarios no pueden ejercerla los jueces, pues no fueron elegidos por el pueblo, ni tampoco por el Ejecutivo porque el Presidente de la República no fue elegido para legislar. Así, estas decisiones desconocen la institucionalidad democrática, la separación de poderes y la legítima representación del pueblo.

Próximos pasos

El proceso que iniciaron los abogados y profesores se enmarca en el artículo 265 del Código Orgánico Procesal Penal, según el cual, al recibir la denuncia la fiscal general se encargará de las investigaciones y de hacer constar la comisión del hecho, y de todas las circunstancias que puedan influir en su calificación; así como la responsabilidad de los autores y demás partícipes.

 

ComillasAMARILLASLos magistrados de la Sala Constitucional dieron un golpe de Estado institucional, con el dictamen de las sentencias 155 y 156. Al recibir la denuncia del delito, el Ministerio Público debe ordenar de inmediato el inicio de las diligencias conducentes a la investigación, según el artículo 282 de Código Orgánico Procesal Penal”.barra ama650

 

Cumplida esta etapa, la Fiscalía certificará que existen elementos de convicción suficientes que comprueben el hecho ilícito y definan la responsabilidad de los investigados. En este punto, la fiscal deberá introducir una querella por los delitos en cuestión ante la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, instancia que convocará una audiencia a los fines de determinar si existen o no, méritos para enjuiciar a los altos funcionarios  mediante un antejuicio de mérito.

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