Viernes, 24 Noviembre 2017 00:00

Acceso a la Justicia observa discriminación judicial en habilitaciones políticas

 
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Para la ONG resulta preocupante que la justicia se esté aplicando de manera distinta según quién sea la persona que se enjuicia Para la ONG resulta preocupante que la justicia se esté aplicando de manera distinta según quién sea la persona que se enjuicia

La ONG exige a la Sala Político Administrativa del TSJ la habilitación de todos los dirigentes políticos, tal como se aplicó al candidato a la gobernación de Zulia, Manuel Rosales.

Con la habilitación política del exgobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reconoció que las inhabilitaciones ordenadas por la Contraloría General de la República (CGR) violan el debido proceso, pero con la decisión también dejó en evidencia el trato discriminatorio de la administración de justicia venezolana, señala la ONG Acceso a la Justicia.

La Sala Político Administrativa (SPA) del TSJ, en sentencia N° 1.169, resolvió dejar sin efecto la inhabilitación de Rosales para ejercer cargos públicos por un período de siete años y seis meses, impuesta por la CGR en agosto de 2014.

Con el fallo, es la primera vez que esta instancia cuestiona una disposición de la Contraloría que restringe la participación política de un opositor. Estas medidas ya habían sido condenadas como una práctica de persecución por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el informe intitulado Democracia y derechos humanos en Venezuela, publicado en 2009.

En el documento, la CIDH advierte que se trata de una violación al debido proceso, porque la CGR no siguió procedimiento alguno para establecer la inhabilitación, y además por la irregularidad que supone que un órgano administrativo imponga una condena penal y no un tribunal.

Discriminación judicial

Si bien Acceso a la Justicia respalda la decisión de la SPA en el caso Rosales, considera preocupante que sólo hace unas semanas esa misma sala, en sentencia N° 1.110 de fecha 17 de octubre no tomara la misma resolución con respecto al exalcalde del municipio San Diego en el estado Carabobo, Enzo Scarano.

En el caso de Rosales se argumentó que no hubo debido proceso, reconociéndosele tal violación, mientras que con Scarano y otros dirigentes, por no haber estado fuera del país, se alegó que no se trata de la misma situación.

Acceso a la Justicia hace notar que, como refiere la CIDH, la decisión de inhabilitarlos provino de un órgano incompetente (la CGR) y no de un tribunal, además que fue tomada sin procedimiento alguno, por lo que el estar en Venezuela no les garantizó tener un debido proceso.

  ComillasNEGRASgrandesPor qué se le dio un trato distinto a Rosales si es un opositor político al igual que Scarano y otros alcaldes”, pregunta la organización.  

Principio de igualdad

La ONG también inquiere sobre las dudas que genera en cuanto a la intencionalidad de la sentencia, es por qué se le dio un trato distinto a Rosales si es un opositor político al igual que Scarano y otros alcaldes.

La inquietud parte de que una vez conocida la medida, el Consejo Nacional Electoral (CNE), por orden de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), decidió repetir la elección del gobernador del estado Zulia tras declarar vacante el cargo, pues el mandatario regional electo en octubre pasado, Juan Pablo Guanipa, perteneciente a la oposición, no se subordinó a la ANC, pero Rosales se inscribió para participar en esa elección inconstitucional.

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Otro elemento que ensombrece la decisión es que, de forma muy inusual, la sentencia a favor de Rosales se publicó un día lunes, cuando lo habitual, en el caso de la SPA, es hacerlo de martes a jueves (días de despacho). La revisión de las sentencias publicadas en lo que va de año evidencia que esta es la única decisión divulgada un día fuera de los establecidos para dar despacho.

De manera coincidente, las postulaciones para la elección del gobernador zuliano iniciaron el día después de dictada la medida, de acuerdo con el cronograma publicado por el CNE.

Acceso a la Justicia pide a la SPA que habilite a Scarano como lo hizo con el exgobernador zuliano, así como al resto de dirigentes de la oposición que la CGR ha inhabilitado sin seguir los procedimientos de ley.

Para la ONG resulta preocupante que la justicia se esté aplicando de manera distinta según quién sea la persona que se enjuicia, cuando un tribunal para ser tal debe ser imparcial e independiente, y debe aplicar la Ley con base en el principio de igualdad constitucional. (Red Acceso a la Justicia)

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