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Viernes, 23 Febrero 2018 00:00

Propuesta de megaelecciones del régimen abre el camino hacia la deslegitimación definitiva del Estado

 
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La fraudulenta ANC insiste en dilapidar las pocas instituciones legítimas que quedan en el Poder Público nacional a través de sus maniobras políticas La fraudulenta ANC insiste en dilapidar las pocas instituciones legítimas que quedan en el Poder Público nacional a través de sus maniobras políticas Foto @ANC_VE

Ni porque la comunidad internacional desconoce la convocatoria a unas presidenciales sin plenas garantías de transparencia, el Gobierno cede en sus pretensiones de celebrar unos comicios adelantados, sino que apuesta por unas elecciones generales con mayores vicios y violación a la Constitución vigente y leyes orgánicas.

 

Consejo Permanente de la OEA
se reunirá este viernes

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sostendrá una reunión extraordinaria en su sede del organismo en Washington, D.C. para “considerar el proyecto de resolución sobre los últimos acontecimientos en Venezuela”.

Esta sesión se convoca a petición de Argentina, Brasil, Estados Unidos, México, Panamá y Santa Lucía.

 

El estado Amazonas lleva dos años sin representación en el Parlamento porque el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no ha resuelto el supuesto fraude en las elecciones de diciembre de 2015; el Consejo Nacional Electoral (CNE) también dejó en el limbo la evidencia del fraude en Bolívar con los comicios de gobernadores en octubre de 2017; en 2016, el CNE necesitaba más de un año para aprobar y organizar la solicitud de un referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro, el cual fue suspendido indefinidamente.

Tampoco hubo presupuesto para que las elecciones regionales se efectuaran en diciembre de 2016, cumpliéndose el período constitucional, sino que estas se convocaron el año pasado con menos de tres meses de organización; las de alcaldes fueron con dos meses, y la presidenciales, pautadas para el 22 de abril, igual. Los consejos legislativos y concejos municipales quedaron vencidos.

Ahora el régimen propone unas megaelecciones con presidenciales, parlamentarias, consejos legislativos y concejos municipales. No es que no se puedan hacer, solo que hay detalles que contravienen lo establecido en la Constitución vigente, como el período de diputados nacionales que aún no ha vencido y no se han cumplido las condiciones para que el presidente pueda, amparado en el artículo 236 de la Constitución nacional, anular la Asamblea Nacional.

El hecho es que se realizaría bajo las mismas condiciones por la que no hubo acuerdo en República Dominicana y por las que la Mesa de la Unidad Democrática decidió no participar.

El analista y consultor político, Aníbal Sánchez, plantea que esta propuesta de Maduro “constituye todo un reto donde no se garantiza que se pueda cumplir en tan corto tiempo, pues son de tipo mixto; algunos cargos se eligen por mayoría simple nominal y en otros hay representación proporcional; es decir se retoma el debate del diseño de circuitos y la adjudicación por listas cerradas. Jurídicamente las condiciones de elegibilidad e inelegibilidad están establecidas en la ley electoral, así como el respeto de los periodos constitucionales según la ley del 2010; y la ley de Régimen Municipal que no permite elecciones del poder local en conjunto con las nacionales. Antecedentes de megaelección está la del 2000, producto de la relegitimación”.

“La prisa y el atropello dejaron en nuestra historia las elecciones no realizadas del 28 de mayo del 2000. Una megaelección implica más de 2.500 cargos de elección popular. No reeditemos los mismos errores”, recordó el rector del CNE, Luis Emilio Rondón.

Megaelecciones inviables 

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El rector del CNE reiteró que la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en su artículo 82, obliga a realizar las elecciones municipales separadas de las del Poder Público Nacional.

“El período de los alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas electos o electas es de cuatro años. La elección de las mismas será necesariamente separada de las que deban celebrarse para elegir los órganos del Poder Público Nacional”, dice textualmente el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

En entrevista para La Voz de América, la ex magistrada del TSJ, Blanca Rosa Mármol, explicó que “jurídicamente es absolutamente inadmisible. Sería la culminación del golpe de Estado absoluto e imposición del régimen cubano. Adelantar injustificadamente las parlamentarias es ir contra los diputados que apenas han cumplido dos años de su período, y la toma de la Asamblea Nacional que es el único poder legítimo que hay en Venezuela”.

Por su parte, el director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), Ignacio Ávalos, calificó de inviable la propuesta de una megaelección. Destacó que el adelanto de las parlamentarias es ilegal, pues se estaría acortando el período constitucional de los diputados.

“Una elección mal diseñada, mal pensada y con ventajismo, no resuelve la crisis sino más bien la agrava y va a ocasionar y una devaluación del voto como instrumento institucional para dirimir los conflictos que tenemos, y eso es verdaderamente grave”, agregó Ávalos a Unión Radio.

Analistas y expertos en la materia han coincidido, desde la convocatoria a unas presidenciales adelantadas -cuando la toma de posesión se haría el 10 de enero de 2019-, que el gobierno y el CNE en complacencia buscan la inhibición del voto a obligar la realización de un proceso electoral viciado.

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