Lunes, 18 Junio 2018 00:00

Más de 800 protestas en mayo demuestran que ilegítimas elecciones no frenaron el descontento social

 
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Más de 800 protestas en mayo demuestran que ilegítimas elecciones no frenaron el descontento social FOTO OVCS

En su informe mensual, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) determinó, además, que 12 venezolanos han sido asesinados en protestas durante 2018: cinco de los casos se les atribuyen a cuerpos de seguridad.

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 850 protestas durante el mes de mayo de 2018, equivalente a un promedio de 28 diarias.

Esta cifra representa una disminución de 19% con respecto a mayo de 2017, cuando se documentaron 1.048 manifestaciones, con un promedio diario de 35. Se destaca que el año pasado, desde abril hasta julio, se registró una ola de manifestaciones ciudadanas exigiendo derechos políticos y sociales, que fue un record en la historia de Venezuela, en esos 4 meses se documentaron 6.729 acciones de calle.

68% de las protestas en mayo 2018 fue para exigir derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca).

De las 850 protestas documentadas en mayo, en 277 se exigieron distintos derechos simultáneamente. En términos porcentuales esta modalidad de protesta representó el 33% del total registrado.

Características

En mayo, haciendo honor al mes tradicional de conmemoración de las luchas laborales, los trabajadores de distintos sectores del país fueron los protagonistas de las protestas.

Como hemos dicho en informes anteriores, este grupo ha sido uno de los más afectados por la crisis económica que vive el país, al ver reducida su calidad de vida y estabilidad laboral.

La principal exigencia estuvo ligada a mejoras de condiciones para ejercer sus funciones, entre ellas, infraestructura e insumos. En algunos casos, hay empresas que no tienen materia prima para mantener la producción.

En segundo lugar, destacó la demanda de reivindicaciones salariales adecuadas para cubrir las necesidades básicas. Pese al incremento del salario mínimo y bono alimentación a Bs 2.550.500, así como otras mejoras que han ido asumiendo la empresa privada (transporte, alimentación, bonificaciones), la realidad es que la capacidad adquisitiva del salario está destruida con los altos índices de inflación existentes en Venezuela.

Las consecuencias de esta situación se reflejan en la búsqueda de otras fuentes de ingresos, incursión en labores informales, cambio de patrones de consumo, dependencia de los beneficios del Estado y fuga de talento. 

Los sectores de educación universitaria y salud destacan entre las protestas laborales del mes pasado.

En el caso de las universidades, la inconsistencia en aumentos y pagos salariales fue el detonante de los conflictos en el sector universitario, que desde hace años viene denunciando insuficiencia presupuestaria para mantener la operatividad en el ámbito académico, investigación e incluso en las providencias estudiantiles.

La deserción universitaria va en aumento. Ante la realidad socioeconómica del país, estudiantes, profesores, personal administrativo y obreros  se han visto en la obligación de abandonar los centros educativos por la imposibilidad de cubrir gastos de transporte, comida, material de estudios y matrícula. 

Todo sea para reprimirla

Mientras tanto, se ha agudizado la criminalización de la protesta contra el gremio médico. El mes pasado varios médicos fueron amedrentados, reprimidos y encarcelados por exigir condiciones mínimas para atender y garantizar el resguardo de la vida a sus pacientes. Adicionalmente, grupos de civiles armados pro gobierno tienen  una presencia activa dentro de las instalaciones de los centros de salud.

Los jubilados y pensionados realizaron 23 protestas en mayo. Los adultos mayores ven desmejorados sus derechos producto de la emergencia humanitaria que crece en Venezuela, incluyendo el derecho a la seguridad social.

Los Jubilados y pensionados tienen solo un día al mes para el cobro de la pensión, y en mayo el retiro del dinero fue fraccionado debido a la falta de efectivo en las instituciones financieras. Es de destacar que la mayoría de los adultos mayores dependen de esos ingresos para cubrir necesidades básicas y medicinas.

20M en el mapa

En medio del desconocimiento por parte de la comunidad internacional y de amplios sectores nacionales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció el triunfo de Nicolás Maduro para el período presidencial 2019-2025, durante la jornada de votación convocada el 20 de mayo de 18.

La situación llevó a la dirigencia opositora venezolana a movilizarse, ocupando el segundo lugar de las manifestaciones registradas en mayo. De las 850 protestas documentadas, aproximadamente 145 fueron escenificadas por opositores al gobierno. A estas se les suman 32 movilizaciones con exigencias políticas, para un total de 182 en todo el mes.

Tan solo entre la noche del domingo 20 y el transcurso del lunes 21 de mayo se registraron al menos 86 actividades de calle en 19 estados.

A semanas de esa jornada, insistimos en que se trató de un proceso inconstitucional desde su origen, al ser convocado por un ente al margen de la constitución. La convocatoria no cumplió los principios de transparencia, credibilidad, confiabilidad y seguridad.

Los venezolanos siguen demandando respeto a la democracia, la comunidad internacional ha venido reaccionando en bloque desconociendo el proceso y exigiendo la realización de una nueva elección ajustada a los principios y estándares internacionales. El Gobierno sigue sin dar señales de rectificar en sus políticas autoritarias, lo cual conduce a mayores escenarios de inestabilidad y de represión.

Los dirigentes sociales y de partidos políticos de oposición tienen el desafío de reconectarse con la inmensa mayoría de la población, que se siente vulnerable ante el avance del autoritarismo y la aguda emergencia humanitaria que cubre a Venezuela.

Los de toda la vida

Se han registrado constantes fallas en el servicio de agua, en zonas rurales y urbanas. A pesar de las denuncias y reclamos de los vecinos, las autoridades continúan sin solucionar la problemática.

Por su parte, las irregularidades en la distribución del gas doméstico no han cesado. Sin contar los cortes de energía eléctrica sin previo aviso, que limitan cada vez más las capacidades operativas de las empresas y la calidad de vida de los ciudadanos. Los principales conflictos se generan en el interior del país.

La crisis de transporte se agudiza en todo el territorio nacional, producto de la falta de repuestos o su alto costo en el mercado. Las consecuencias las están asumiendo los ciudadanos, que ven limitadas sus capacidades de movilización. En diversas ciudades del país, se forman largas filas para tomar el servicio y se observa con preocupación la imposición de tarifas por encima del valor oficial y la circulación de unidades de transporte sin las mínimas condiciones de seguridad vial. A la fecha se ha registrado un número importante de muertes producto de choques, volcamientos o caídas de pasajeros desde vehículos de carga utilizados para el transporte púbico.

La inseguridad alimentaria es un problema que persiste, pese a que se ha registrado un número inferior de protestas con respecto al inicio del año.

En total, el OVCS documentó 70 protestas vinculadas a dificultades para acceder a alimentos, siendo Caracas, Miranda, Falcón, Lara y Anzoátegui los principales focos del conflicto. Un promedio aproximado de dos protestas diarias por alimentos.

En la semana previa de la jornada de votación, se evidenciaron largas colas de personas frente a los Abastos Bicentenarios, administrados por el Gobierno, para acceder a alimentos a precios regulados o con descuentos. Esto se constituyó en un hecho discriminatorio y condenable, por cuanto se utilizó la venta de comida con fines políticos partidistas y como mecanismo de control social.

Llama la atención que, ante la falta de políticas coherentes, han surgido grupos que se aprovechan de la necesidad de los ciudadanos, para establecer diferencias de precios según el tipo de pago, bien sea dinero en efectivo o por medio de tarjeta de débito, crédito o transferencias electrónicas.

Colapso de los servicios básicos

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala en su artículo 11 que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuadas y una mejora continuada de las condiciones de existencia”.

Partiendo de este principio, en Venezuela hay una vulneración continuada del derecho a la vivienda. El OVCS ha venido registrando el deterioro paulatino de los servicios básicos para disfrutar de una vivienda digna. En mayo, se documentaron 141 protestas por  servicios básicos, eso equivale a un promedio de cinco protestas diarias.

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Cada vez más los pacientes crónicos junto a sus familiares han asumido el protagonismo de las protestas, a pesar de sus padecimientos y cuidados clínicos se han visto en la necesidad de tomar las calles de manera pacífica. Nos preocupa la sistemática negación del Estado sobre la visible crisis del sector salud y la criminalización de quiénes la denuncian.

La falta de respuesta por parte del Estado, el avance de las enfermedades y el deterioro de la salud, los ha obligado de manera desesperada a realizar cierres de calle, marchas y concentraciones,  para visibilizar su preocupación ante la difícil situación y exigir acceso a medicinas y tratamientos.

 Los altos costos, la escasez, el deterioro de la infraestructura hospitalaria y la falta de insumos dificultan la detección de patologías, su tratamiento para frenar o detener la enfermedad y, por ende, pone en riesgo la vida de los pacientes.

Es necesario que el Gobierno acepte cooperación humanitaria internacional, que han ofrecido algunos países con el apoyo de organismos multilaterales y la iglesia católica, para garantizar las condiciones mínimas de supervivencia de los venezolanos.

Represión, como siempre

En los primeros cinco meses de 2018 fueron asesinadas 12 personas en el contexto de manifestaciones. El 100% de los hechos ocurrió en protestas para exigir Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca).

El 75% de las muertes fue en protestas por alimentos.

11 personas fueron asesinadas por heridas de bala y 1 con un objeto contundente. Familiares y testigos denuncian a funcionarios del Estado como responsables de cinco de las muertes y a civiles armados como responsables de siete.

En la página web del OVCS puede acceder a nuestro Sistema de Información Geográfico de Conflictos (SIGCO) para conocer detalles sobre la ubicación y reseña de cada caso. 

Visto 2688 veces Modificado por última vez en Miércoles, 20 Junio 2018 15:12

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