Venezuela está entre los 20 países menos pacíficos del mundo, de acuerdo con el Índice de Paz Global que elabora cada año el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), que estudia tres ejes temáticos: el nivel de seguridad social; el alcance del conflicto nacional e internacional en curso; y el grado de militarización.

El diario está obligado a pagar mil millones de bolívares al primer vicepresidente del PSUV por replicar una información de ABC (de España) sobre sus vínculos con el narcotráfico.

Los diputados Gilber Caro y Renzo Prieto, y los dirigentes Raúl Emilio Baduel y Wilmer Azuaje, salieron este fin de semana de sus lugares de reclusión: los lugares en los que no debieron estar nunca porque ninguno de ellos cometió delito. Sus casos son, por tanto, muestras de la autocracia que acorrala las libertades. Todavía quedan varios, de la lista ofrecida por funcionarios de la dictadura, por liberar.

39 presos políticos recibieron medidas sustitutivas de libertad este viernes, luego de las reuniones entre gobernadores opositores, el excandidato presidencial Javier Bertucci y representantes del Gobierno. Según la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, en los próximos días continuarán las liberaciones. Estas primeras excarcelaciones se dieron desde la Casa Amarilla, en un acto con la llamada Comisión de la Verdad y no desde los tribunales correspondientes, lo que evidencia la condición de presos políticos de los liberados.

En su fallo de este miércoles, la corte determinó que la publicación de la identidad de los firmantes en la ‘‘lista Tascón’’ tenía fines intimidatorios, que buscaban desincentivar la participación y la posibilidad de disidencias políticas. “Esto favoreció el ambiente de persecución política y discriminación contra los opositores del gobierno”, sostiene el comunicado oficial de la corte. 

El regreso de Ramón Guillermo Aveledo a la Mesa de la Unidad Democrática se da precisamente en un momento de evidente fractura en la oposición, a partir de lo que significó el proceso del 20 de mayo.

Expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA) documentaron 131 casos de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, 289 casos de tortura, 192 de violencia sexual, así como detenciones arbitrarias que en casos llevaron a desapariciones forzosas. Venezuela podría ser denunciada ante la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, pero esta debe provenir de un país que haya ratificado el tratado. En 15 años no ha habido antecedentes, por lo que la denuncia de un Estado contra Venezuela sería histórica.

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