El ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, no se refirió al hecho en su cuenta de Twitter. En cambio, retuiteó una nota sobre un apagón en el aeropuerto de Atlanta y añadió un comentario: “Allí también sucede”.

La ONG Acceso a la Justicia desglosa en un informe reciente cuáles fueron las irregularidades con las que el chavismo salpicó las elecciones del 10 de diciembre.

El presidente de República Dominicana y mediador de las negociaciones, Danilo Medina, asomó que las delegaciones avanzaron “notablemente” en los seis grandes temas de discusión, pero que al no haber un acuerdo general no se pueden revelar los aspectos de esos avances, tal y como sucedió en la primera ronda de sesiones. También acordaron un nuevo encuentro para el 11 y 12 de enero, también en la capital de República Dominicana.

La justicia estadounidense condenó este jueves a 18 años de prisión y a pagar una multa de 100 mil dólares a los primos Francki Flores y Efraín Campo Flores. De acuerdo con información recogida por la cadena Univisión, el órgano acusador solicitó 30 años de prisión y la defensa planteó una pena mínima de 10.

Cancilleres prepararon un proyecto de acuerdo que será estudiado este viernes cuando el Gobierno y la oposición examinen su contenido, según lo discutido en el encuentro del 1 y 2 de diciembre. Sin embargo, la alianza opositora anunció que no firmará ningún documento si no hay garantías para la solución de la crisis en Venezuela.

En la sesión de este jueves, los parlamentarios aprobaron por unanimidad la creación de esta comisión, que compilará las denuncias de compras de votos y demás condicionamientos que impone el Gobierno para el uso de este documento, creado en enero de 2017.

El trabajo revela que ex viceministros y testaferros cobraron más de 2 mil millones de dólares en sobornos para que compañías extranjeras consiguieran contratos con Pdvsa durante la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013). Estos pagos irregulares implican un desfalco a la nación por contrataciones que no obedecieron a un criterio estratégico por parte del Estado venezolano, sino por intereses económicos, lo cual coincide con una merma productiva de la principal empresa del país.

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