La corta campaña electoral para los comicios regionales inició este sábado en un contexto de desaliento, sobre todo del lado opositor, y un agravamiento de la crisis social. Actualmente, el chavismo mantiene el control en 20 de las 23 gobernaciones, un panorama que la oposición espera revertir. Para estas elecciones están habilitados 18,09 millones de votantes.

Informe Estocada a la Democracia resume el memorial de agravios hacia el Estado de Derecho durante los últimos 10 meses.

Más que una burla, dirigentes políticos y especialistas en economía, cuestionan la demora sin sentido del Presidente en establecer un plan sustentable que contribuya a la producción y la reducción de la inflación.

La campaña por las elecciones internas de la oposición no solo se ha concentrado en peleas dentro de la misma coalición, sino que mantiene suspendido temas trascendentales hasta para después de la contienda. Esta semana se tenía previsto una visita parlamentaria al estado Bolívar para ahondar en las obras paralizadas de Odebrecht en la región y la misma fue suspendida por la agenda de movilización y propaganda de los precandidatos.

Durante el encuentro de este martes, Rajoy reiteró también que España no reconoce el arrebato de competencias legislativas cometido por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y que considera al parlamento presidido por Borges como la depositaria exclusiva del Poder Legislativo.

En un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió a Nicolás Maduro hacer cumplir con los estándares internacionales sobre respeto a la dignidad humana.

En Costa Rica, la legítima fiscal general venezolana reiteró que “vamos a salir de esta pesadilla, los venezolanos volveremos a ser los mismos de siempre”.

La presidenta de la fraudulenta ANC advirtió que para frenar la “guerra sicológica” que ha enfrentado la dictadura, regulará las redes sociales: es decir, más censura.

Los enemigos externos siempre son un comodín para levantar la popularidad, recuerda Héctor Lucena.

61 organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos alertan que la dictadura madurista impone la constitución de un grupo que, discrecionalmente, dictaminará culpables de crímenes de odio.

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