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A un año de las protestas de 2017, madres de expresos políticos recuerdan la agonía que pasaron al tener a sus hijos detenidos arbitrariamente y sin garantías de respeto a sus derechos humanos. Maltratados, juzgados por tribunales militares, enviados a la cárcel de El Dorado, enfermos de paludismo, forman parte de los casos de estudiantes que fueron privados de libertad por protestar: es otra de las aristas a la luz de los doce meses de aquellos días de gestas de calle pero, también, de las sombras que cayeron sobre muchas familias y sobre un país.

Estudiantes de distintos doctorados de la UPEL expondrán sus proyectos en el auditorio de la Unexpo este miércoles a partir de las 8:00 de la mañana. La entrada es gratuita.

La ONG Acceso a la Justicia cuestiona no solo el incumplimiento de la orden del Tribunal 5º de Control Militar, que correspondía con la liberación de los 27 estudiantes de la UPEL, también el desacato por parte de la Policía de Aragua, considerando que se debió abrir un procedimiento por no acatar la medida del juez.

Director del Observatorio de Prisiones, Humberto Prado, subraya que la población reclusa en Venezuela sobrepasa las 100 mil personas, en cuyos procesos judiciales hay violación a las garantías.

El Tribunal Quinto de Control Militar otorgó la libertad condicional a los 27 estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en Maracay, detenidos desde el 4 de julio por participar en las protestas opositoras.

El movimiento busca ser un respaldo más a la sociedad, en función de la defensa y protección de derechos humanos, promoviendo la denuncia como herramienta principal para hacer justicia ante las violaciones del Estado.

El edil Carlos Andrés García murió a causa de un ACV estando recluido en la sede del Sebin, donde permanecía detenido por razones políticas desde diciembre de 2016. El pasado jueves recibió el beneficio de casa por cárcel por su condición médica. Sin embargo, según los diputados Carlos Paparoni, Delsa Solórzano y Jony Rahal, la orden no fue ejecutada de inmediato, lo que habría incidido en las complicaciones de su salud.

La medida facilitará la visita de los familiares, en su mayoría provenientes del estado Aragua, luego de meses de agitados y extenuantes recorridos hasta el municipio Sifontes, al sur del estado Bolívar.

Son tres estudiantes infectados de paludismo, según sus síntomas. Uno de ellos, Kevin Rojas, estaría contagiado también de hepatitis, sin recibir todavía la mínima atención médica, como parte del derecho a la salud que debe garantizar el Estado.

Son tres estudiantes contagiados de paludismo, según sus síntomas. Uno de ellos, Kevin Rojas, estaría contagiado también de hepatitis, sin recibir todavía la mínima atención médica, como parte del derecho a la salud que debe garantizar el Estado.

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