Hace tres años, en pleno proceso de denuncias de corruptelas en Pdvsa, el secretario de gobierno del estado Mérida fue visto por última vez. Días antes había sido amenazado con una petición: callar. No lo hizo. Las consecuencias siguen tres años después como el silencio del régimen. 

El canciller también criticó los “informes sin fundamento” del alto comisionado de las Naciones, así como a los expertos de la ONU que “publican diagnósticos a partir de insólitas fuentes, sin jamás haber visitado Venezuela”.

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela hace honor a la labor periodística con la publicación de sus Crónicas insumisas: un trabajo colaborativo que compila, en relatos y fotografías, 11 intentos de la dictadura por asfixiar el periodismo en Venezuela. Desde periodistas acosados hasta encarcelados. Desde reporteros perseguidos hasta editores sentenciados. Todos con un elemento en común: pese a los intentos, jamás se doblegaron ante el poder.

En un análisis que compartimos de manera íntegra, la organización Acceso a la Justicia explica, paso a paso, las artimañas del régimen madurista para anular las organizaciones políticas de más peso en Venezuela: las que le han hecho frente y han garantizado, en muchos casos, derrotas electorales para el chavismo.

Les bastó a Tulio Luis Ramírez, obispo auxiliar de Caracas, y a Miguel Acevedo, párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, manifestar en público su desacuerdo contra el régimen madurista para que cayeran en las fauces de la vorágine: este lunes fueron citados por el Ministerio de Interior y Justicia, acusados por “instigación al odio”. El pecado que pretenden endilgarles la inquisición de Maduro tiene una base única: ambos apoyaron la condena de la Conferencia Episcopal al atropellado y abusivo llamado a elecciones presidenciales. 

Nuevamente, y a pocos días de la denuncia de la CIDH sobre la ausencia de independencia de los poderes en Venezuela, Maduro encabezó el acto de inicio de este nuevo periodo del sistema de justicia. La sumisión es su norte.

La CPI inició una serie de exámenes preliminares para determinar las responsabilidades del régimen y de sus funcionarios en los saldos rojos que dejaron las protestas de 2017, reprimidas con bestialidad durante un lapso de cuatro meses. La comunidad internacional y las voces democráticas venezolanas aplaudieron la medida que supone un primer paso para la eventual consecución de justicia y a partir de responsabilidades individuales, algo que difícilmente se logre con la justicia secuestrada por el chavismo.

Tan dócil como diligente, Tibisay Lucena, a nombre del Consejo Nacional Electoral, convocó los comicios para el 22 de abril. Además de lo atropellado del lapso, el anuncio es la patada definitiva del régimen a la mesa de diálogo y la amenaza de la instauración definitiva del dictador. ¿Qué viene ahora? Es en este punto donde ha de privar la sensatez de una oposición que esta semana ha sorprendido con respuestas unificadas y contundentes que han descolocado a los voceros del madurismo. La crisis puede ser, también, una oportunidad para campear, de una vez, el temporal. 

La tolda aurinegra no podrá postular candidatos para las próximas elecciones presidenciales. “Esto es una muestra más de que el gobierno quiere ilegalizar a la oposición democrática”, dijo el secretario general del partido, Tomás Guanipa.

"Al tratar de calificarnos como agentes de cambio, Tillerson ignora la tradición de la Fuerza Armada, que en ningún caso puede actuar para atentar contra las instituciones del Estado y menos aún contra el presidente electo por la mayoría del pueblo", recalcó el ministro de defensa, ante un discurso sin ambages del secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson.

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