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El reciente informe de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación de Venezuela, recoge testimonios que documentan las arbitrariedades de régimen como respuesta a la disidencia, y en la que la impunidad por tratos crueles, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, pareciera no tener fin

De acuerdo con el conteo de Provea, solo en la gestión de Maduro se han registrado 210 fallecidos en el contexto de las manifestaciones, 143 de ellas en 2017. El Foro Penal Venezolano destaca que menos del 10% de los casos han sido investigados, cuando en su mayoría, incluyendo las lesiones y detenciones arbitrarias, fueron a manos de organismos de seguridad del Estado.

"Se ha ordenado congelar las cuentas a todas las empresas de Panamá vinculadas a las mafias representadas por el Gobierno de Varela", dijo el vicepresidente de la República, sin ofrecer detalles sobre las empresas afectadas.

La ONG Acceso a la Justicia destaca la disparidad de cifras oficiales en relación al número de fallecidos durante las manifestaciones opositoras. En la mayoría de los casos no ha habido resultados de una oportuna investigación por parte del Ministerio Público y Defensoría del Pueblo. Recuerda, además, la mimas opacidad que mantuvo Luisa Ortega Díaz en 2014, cuando aún no se revelaba contra el régimen de Nicolás Maduro.

A Pedro Luis Coral Lizardi lo habría asesinado un funcionario de la Policía del estado Bolívar (PEB) que buscaba a los responsables del secuestro y homicidio de un familiar taxista. Sin saberlo, el uniformado mató al Pedro equivocado.

Al músico bolivarense, fundador del Festival Internacional de Guitarra de Angostura (FIGA) lo mataron el domingo en la noche en frente de la casa de su mamá para robarle el carro, en Ciudad Bolívar. Mientras sus colegas condenaron el hecho como un “vil asesinato”, algunos voceros gubernamentales matizaron el crimen con eufemismos. El más notorio fue el del ministro de Cultura, Ernesto Villegas, quien lamentó la “absurda partida” del guitarrista. Es la historia de una vida de aportes que truncó la delincuencia, una pérdida de la sociedad musical que reconstruye Monitor de Víctimas.

A Víctor Manuel, de 18 años, lo encontraron decapitado. Su cabeza estaba incrustada entre las rejas de una casa de la invasión La bendición de Dios, ubicada en Ciudad Guayana, la novena urbe más violenta del mundo. Este relato es el primero del capítulo Bolívar de Monitor de Víctimas, un proyecto para sensibilizar acerca de la violencia que ha favorecido la inacción de un Estado cómplice.

La organización recordó que durante el discurso de apertura del año judicial, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, solo cantó loas a la dictadura y obvió los datos que hablan sobre la impunidad.

¿Habrá justicia en la nueva masacre que estremeció el estado Bolívar durante el inicio del Carnaval? Liliana Ortega, presidenta de Cofavic, no se aventura a sentenciarlo aún: opta en todo caso por el beneficio de la duda para el Estado. Lo que sí asevera es que ese mismo Estado abonó un terreno de violencia y de impunidad para que ese tipo de hechos sean ya frecuentes.

Un mes después del asesinato del médico Pablo Asuaje, su esposa y colega, Marisol Díaz, rememora el momento en el que un disparo le desmoronó la vida entera y, sobre todo, lamenta lo que perdió la sociedad guayanesa y el país por la criminalidad desatada y la impunidad.

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