La autopsia reveló que la causa de la muerte del expolicía Oscar Pérez y de otros cinco miembros del grupo que se alzó contra el gobierno de Nicolás Maduro fue por ‘impacto de un proyectil en la cabeza’, convalidando la tesis de la ejecución extrajudicial. Pero allí no cesan las violaciones y los abusos. Los dolientes de los asesinados experimentaron este sábado más sufrimiento ante los impedimentos del Estado para garantizar los actos velatorios que la familia considere pertinente y la sepultura correspondiente.

Primero fue la delación para confirmar la masacre. Luego, la de las autopsias. Y, ahora, una vez que todo el país confirmó, mediante las actas de defunción, que a Oscar Pérez y a su grupo aliado los ejecutaron con tiros de gracia, las familias permanecen a la expectativa por un temor: que los cuerpos sean incinerados para desaparecer evidencias. Cierra así una semana marcada por los atropellos de un régimen que afinca su saña contra todo vestigio de derechos humanos.

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) se unió al repudio nacional por la masacre de El Junquito, a la que no solo tilda sin empachos de ‘horrible masacre’, sino que desnuda, aún más, a una dictadura que degrada e irrespeta la dignidad del ser humano. A ese al que pisotean sus garantías fundamentales por atreverse a disentir. 

Familiares no confirmaron si pudieron reconocer los cuerpos de los integrantes del movimiento liderado por el ex policía Oscar Pérez. La tía de este dijo no haberlo visto, aunque firmó la planilla en el que quedaría constancia de haber reconocido el cadáver de su sobrino, con la esperanza de que se lo entregaran. Los cuerpos están a la orden de un tribunal militar. La opacidad informativa apunta a que la dictadura busca ocultar evidencias de esta nueva masacre de la era madurista.

Aunque hasta la noche del miércoles no se había cancelado la nueva reunión, durante el día voceros opositores expresaron su incomodidad por las declaraciones de voceros del régimen que asomaron que en los encuentros previos se delató al piloto rebelde y a su grupo.

Irregularidades rodearon el operativo de captura contra el ex inspector del Cicpc Oscar Pérez y sus compañeros, el cual terminó con su ejecución extrajudicial, la muerte de dos funcionarios de las FAES y otros siete resultaron heridos. El ministro de Interior, Néstor Reverol, confirmó este martes, 24 horas después del hecho, el asesinato del piloto omitiendo los nexos del régimen con grupos paramilitares para realizar operativos especiales.

La plataforma digital InfoAmazonia investigó el alcance social, político, económico y ecológico del Arco Minero del Orinoco. A partir de este lunes está disponible el reportaje, elaborado en alianza con el Centro Pulitzer y con Correo del Caroní. La iniciativa de esta alianza ocurrió a partir de la cobertura de la masacre de Tumeremo y la impunidad con la que se ha desarrollado el motor minero, encendido por Maduro para alargar su permanencia en Miraflores.

El Observatorio Venezolano de Prisiones se dedicó a conversar durante meses con los familiares de los presos asesinados por fuerzas estatales en la madrugada del 16 de agosto en el Centro de Detención Judicial de Amazonas. De ellas y de acercamientos con los mismos uniformados que actuaron nació el informe que presentó la ONG como registro de una de las violaciones humanas más atroces de la historia venezolana y un recordatorio de que el caso transita la ruta de la impunidad.

Una escueta minuta fue la única información oficial acerca de un enfrentamiento entre grupos armados y uniformados en Valle Verde, al sur de la región: nueve hombres, identificados como delincuentes y relacionados con la banda de ‘el Chingo’, fueron asesinados. Un militar fue herido en la balacera.

La masacre de Texas no tiene nada que ver con la ley de armas, expresó el presidente Trump.

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