Cuatro de los 12 fallecidos fueron identificados. Uno de ellos era solicitado desde noviembre de 2016 por homicidio. Aún hay ocho cadáveres que no han sido reconocidos luego de esta masacre que, según el diputado Américo De Grazia, ha desatado protestas de las familias porque niegan la tesis oficial del enfrentamiento. Mientras tanto, hay mutismo por parte del Gobierno y ningún interés del Ministerio Público por investigar este derramamiento de sangre vinculado a la extracción ilegal de oro.

Las últimas intervenciones militares se registraron el fin de semana en El Manteco (municipio Piar) y cerca de Tumeremo (municipio Sifontes), con 10 y 11 civiles fallecidos respectivamente. 47 personas han muerto a causa de estos opacos operativos castrenses que apuntan a allanar el camino para la ejecución del Arco Minero del Orinoco, promovido por el régimen de Maduro, y borrar evidencias de conexiones gubernamentales con bandas criminales.

Dos hipótesis sostiene el director de la ONG Una ventana a la libertad, Carlos Nieto Palma, sobre la matanza de 37 presos en el Centro de Detención Judicial de Amazonas: que fue la ejecución de un operativo de la Operación Liberación del Pueblo (OLP) y que forma parte de un plan de barrida política contra el gobernador Liborio Guarulla. Sea como sea, el capítulo vivido en la madrugada del miércoles está salpicado de atrocidades que incluyen ejecuciones extrajudiciales que se deducen por cuerpos maniatados, arrodillados y con tiros de gracia: otro capítulo negro de la dictadura madurista.

El máximo responsable de la Policía autonómica de Cataluña (Mossos d'Esquadra), Josep Lluís Trapero, explicó en una rueda de prensa que los presuntos terroristas acumulaban en la casa bombonas (garrafas) de gas, cuya explosión truncó en parte sus planes.

El ministro de Relaciones Interiores de la dictadura madurista anunció el cierre de la cárcel de Puerto Ayacucho. Acusó al gobernador de propiciar el pranato.

Una requisa del Ministerio de Interior y Justicia al Centro de Reclusión Judicial de Puerto Ayacucho acabó con la vida del 35 por ciento de la población penal. Las versiones oficiales pretenden minimizar el hecho catalogándolo como un caso de “resistencia a la autoridad” que produjo los “decesos” (como los tildó el Ministerio Público de Tarek William Saab), cuando en realidad la matanza confirma, una vez más, el empeñado carácter violatorio de derechos humanos y las actuaciones plagadas de irregularidades de la dictadura.

El suceso que marcó a Venezuela en el 2016 dejó mayor inseguridad para la población de Sifontes. El despliegue militar y gubernamental fue momentáneo y el hampa se explayó para dominar la zona, acorralando a las autoridades.

Las familias aseguran que el Gobierno les dio la espalda, mientras que la actividad minera ha seguido su curso, en medio de la ilegalidad del pranato, en el municipio Sifontes, al sur del estado Bolívar.

Domingo, 11 Diciembre 2016 00:00

Masacres y desapariciones forzadas

 En Venezuela ocurren desde hace tiempo hechos idénticos, por lo que hemos alertado de que estamos en un Estado cuyos altos funcionarios son parte de una red de delitos atroces como los de Ayotzinapa.

Anderson Pereira, secretario nacional de reclamos del Sindicato Nacional Socialista de Maquinarias Pesadas, Similares y Conexos, tilda de falsa la denuncia que formuló el diputado Américo De Grazia acusándolo de un secuestro en la mina Nuevo Callao, donde habría ocurrido otra matanza de mineros.

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